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EL ROL DEL ESTADO EN LAS POLITICAS CULTURALES
Verónica Pallini
Lic. en Ciencias Antropológicas (U.B.A.) |
-Introducción
Este trabajo es parte de una investigación mayor que
hemos realizado sobre Políticas Culturales a partir de un estudio
de caso: El Teatro Municipal General San Martín, de la ciudad de
Buenos Aires (1). Una de las conclusiones que allí abordamos, ha
sido observar la ausencia de lineamientos explícitos acerca del
rol de Estado en la intervención de políticas culturales. Es decir,
no encontramos propuestas programáticas de acción que den cuenta
de la política que asume la Administración Central en el área de
Cultura. Esta cuestión trae aparejada una serie de factores conflictivos
que esencialmente afectan a los trabajadores de la cultura y a la
comunidad.
La pregunta que nos formulamos al respecto es, ¿qué
pasa con los gobiernos que no construyen lineamientos explícitos
sobre el rol del Estado en la Cultura? Por un lado, podemos considerar
que esta 'ausencia' es en sí misma una política. Por otra parte,
en nuestra investigación, registramos que la M.C.B.A.(2) ha operado
a través de una compleja red que interactúa con el modelo y con
la lógica interna del partido gobernante, donde operan confrontaciones
intrapartidarias sin criterios programáticos de acción. De acuerdo
con Oscar Grillo (1996: 195): "[...] la élite de un partido
político con escasa o nula formulación programática en la cuestión
local, involucrada en una lucha intrapartidaria muy complicada,
desembarca en la cúpula de un estado altamente burocratizado, fragmentado
y redundante. Dentro del aparato estatal se reproduce la lucha intrapartidaria.
Las distintas agrupaciones del partido gobernante compiten ahora
desde los organismos municipales capturados al desembarcar en el
estado, con sus recursos.[...] Este desembarco congela toda actividad
partidaria relacionada con la veta representativa y la creatividad
del partido gobernante se restringe a la disputa por el control
de áreas del municipio: su aparato administrativo y recursos presupuestarios".
Esta red que se teje al interior del aparato municipal, repercute
en la estructura interna de los organismos oficiales, constituyendo
de este modo, otro de los puntos decisivos en la programación de
la política interna.
Es decir, la inexistencia de marcos globales que den
cuenta de los objetivos que persigue la Administración en el sector
cultural, tiene importantes costos sociales y culturales para los
"supuestos" beneficiarios de las políticas y para la comunidad..
Las consecuencias inmediatas son: en primer lugar, la falta de profesionales
idóneos en gestión cultural para programas y organizaciones. Aún
los organismos culturales y las dependencias de las Secretarias
(Gobierno de la Ciudad, Nación) siguen ocupadas por cargos "Políticos".
En segundo lugar, no existen relevamientos e investigación,
de ningún tipo, sobre la acción y producción cultural. Por ultimo,
solo se construyen políticas a corto plazo, que operan a contragolpe
y responden a situaciones de coyuntura.
Dado este panorama de la cuestión, en este trabajo
hemos propuesto analizar en primer lugar, cómo se han articulan
las políticas culturales en nuestro país. Para ello analizaremos
básicamente la relación procesual entre el Teatro San Martín y el
Municipio de la Ciudad de Buenos Aires. Para ello tomaremos desde
1976 hasta 1996, fechas que coinciden con tres políticas de gobierno
nacional: la dictadura militar (1976-1983), el gobierno democrático
radical del Dr. Raúl Alfonsín (1983-1989) y los gobiernos justicialistas
del Dr. Carlos Menem (1989 hasta la actualidad).
En segundo término, indagaremos en factores indispensables
que requieren la elaboración de políticas culturales autónomas y
participativas que den cuenta de la problemática actual que atraviesa
el sector.
-La relación procesual Teatro- Municipalidad
De modo general coincidimos con Néstor García Canclini
(1987: 26), quien entiende por políticas culturales: "el
conjunto de intervenciones realizadas por el Estado, las instituciones
civiles y los grupos comunitarios organizados a fin de orientar
el desarrollo simbólico, satisfacer las necesidades culturales de
la población y obtener consenso para un tipo de orden o transformación
social". (3)
El autor reconoce paradigmas básicos de la acción cultural a partir
de modelos políticos y económicos. Aquí analizaremos la relación
procesual entre la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y
el Teatro Municipal General san Martín, uno de los organismos más
importantes que pertenece a su órbita. Para tal fin tomaremos desde
el año 1976, período de dictadura militar, hasta 1996, fecha que
coincide con la nueva autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.
En este caso tenemos tres períodos gubernamentales
en el país en lo cuales podemos reconocer ciertos elementos significativos
que han operado en las políticas culturales.
El primer período (1976-1983), estuvo marcado por
la etapa más sangrienta de nuestra historia, el llamado "Proceso
de Reorganización Nacional". La política de este gobierno
tenía como principal objetivo legitimar a través del uso ilimitado
del poder, un determinado modelo económico. Todos los campos y sectores
de la sociedad sufrieron persecuciones y censuras (de todo tipo
y orden). Los procesos culturales de la vida civil fueron desvastados;
los lugares de encuentro, reprimidos. La dictadura militar utilizó
todas las herramientas mediáticas posibles para difundir e imponer
su ideología. Dentro de este contexto político general encontramos
rasgos del paradigma de acción cultural llamado 'tradicionalismo
patrimonialista', cuyo objetivo consistió en la preservación del
patrimonio folklórico, sobre la base de un discurso cuyo mayor valuarte
fue: el 'Ser nacional''. Esos rasgos podemos asociarlos a la cantidad
de avisos publicitarios que promulgaban 'los deberes' que tenía
que cumplir un 'buen ciudadano' por la Patria (denuncias a 'subversivos',
deudores de la D.G.I., etc.).
Paradójicamente, y en este marco, el Secretario de Cultura
de la M.C.B.A., Ricardo Freixá, era civil; y según lo relevado
a funcionarios del Teatro San Martín de ese período, una figura
que no interfería en decisiones represivas, sino que por el contrario,
le permitía un alto margen de apertura ideológica a la política
interna de esta institución. Por otra parte, el T.M.G.S.M. en los
años de dictadura, contó con un número importante de empresas que
solventaban principalmente toda su difusión en medios radiales,
gráficos y televisivos. Si bien éstas se han mantenido durante el
primer gobierno democrático, fue en el gobierno militar donde garantizaron
su apoyo a un organismo municipal. Esto tiene una serie de connotaciones
que dan cuenta del lugar que ocupó la esfera privada en la promoción
de la 'cultura' en tiempos donde no existían espacios de acción.
Esto nos induce a un segundo punto, más cercano a
nuestro caso, el mecenazgo. García Canclini, al referirse a este
modelo da cuenta que en ocasiones, la concepción mecenal, se encuentra
dentro del aparato estatal, principalmente en piases que no poseen
estructuras institucionales adecuadas para promover la cultura.
En este sentido, el 'mecenazgo liberal' se convierte en "una
forma de política cultural porque ha servido y sirve en varios
piases para normar las relaciones en este campo, distribuir fondos
importantes, establecer líneas prioritarias de crecimiento y desestimar
otras" (García Canclini, 1987: 30).
El T.M.G.S.M. tanto en el gobierno militar como en los
dos últimos democráticos, ha sido un organismo con un amplio margen
de autonomía de las políticas culturales municipales. Creó su
propio perfil a partir del año 1976 y lo mantiene, si bien con variantes,
hasta la actualidad, al margen de los cambios abruptos producidos
en el contexto político general del municipio y del país. El
espacio de 'autonomía' institucional que ocupa el Teatro tiene distintas
connotaciones según el proceso histórico en que estuvo inserto.
En la dictadura, representó una especie de 'válvula de oxígeno'
para el campo teatral y para aquellos individuos que lograban simbólica
y materialmente tener acceso a la programación del Teatro.
Tuvo una política 'democratizante' en el sentido que
lo plantea García Canclini (1987: 46), como la difusión y popularización
del arte, las ciencias y otras formas de 'alta cultura'. Este perfil
que asumió el T.M.G.S.M. en su política interna nació con la dictadura.
Hay dos factores relevantes a este fenómeno: 1) El Teatro San Martín
sirvió como propaganda política al mundo, fue la muestra de un país
'alegre' y 'sin conflicto', por cierto inexistente, 2) las empresas
con su ayuda económica se legitimaban política e ideológicamente
en una institución que parecía ser 'libre'. En síntesis, el Teatro
San Martín, por lo menos desde el año 1976, presentó un margen importante
de autonomía política en su vínculo con la M.C.B.A. Sin embargo,
en lo económico siempre ha dependido de la administración central,
conviertiéndose el presupuesto asignado en un eje con alto grado
de determinancia, que ha interceptado las decisiones asumidas por
la política cultural interna del Teatro.
En el año 1983 asume la Presidencia de la Nación el
Dr. Raúl Alfonsín. El gobierno radical, consolidó su política a
través de la 'cultura'. Siguiendo a Ana Wortman (1996: 69), podemos
decir que "es precisamente a través de la cultura como comenzaron
a vislumbrase los desgarramientos y tragedias de la sociedad argentina,
luego del régimen militar más sangriento y represivo de nuestra
historia. Lo sucedido se desplegaba en el orden simbólico y artístico".
En tal sentido, la autora coloca al primer gobierno de la transición
democrática en el paradigma de la 'democratización cultural'. Son
numerosas las propuestas en difusión y acción cultural llevadas
a cabo por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad, la cual
desde 1983 hasta 1987 estuvo cargo de Mario (Pacho) O'Donnell y
de 1987 a 1989 fue ocupada por Félix Luna. Fue durante la gestión
del primero donde se plasmaron los lineamientos más significativos
y 'Cultura' pasó a ser la protagonista oficial de la política de
gobierno (F. Rabossi, 1997). El punto significativo que marcó al
período de la transición democrática fue la intervención del Estado
en la formulación de las políticas culturales (A. Wortman, 1996:
81).
En el T.M.G.S.M. no se renovaron las autoridades, continuaron
los lineamientos ya establecidos. El vínculo entre el Teatro y la
M.C.B.A. siguió siendo la autonomía en lo político, un presupuesto
considerable, y el apoyo de las empresas. Ahora bien, ¿cómo se
explica que durante el primer gobierno democrático, y siendo 'Cultura'
el eje articulador de lo político en el radicalismo, permanezca
el mismo director general en el Teatro San Martín que estuvo en
la dictadura? La gestión de Kive Staiff fue muy reconocida tanto
por el sector teatral, como por el público en general. Significó
un cambio cualitativo en la manera de concebir un teatro oficial,
siendo el centro de su discurso la 'democratización del teatro';
o sea, marcó el rumbo de su política esencialmente a partir de la
promoción y difusión de los espectáculos a distintos sectores de
la población (escuelas, sindicatos, etc.), con localidades a un
precio accesible a la media de los habitantes y con promociones
especiales. Esta política interna, que comenzó en la dictadura,
era congruente al paradigma que auspiciaba el radicalismo de 'democratización
cultural', y en tal sentido se entiende la continuidad de esta gestión
en dos períodos políticos tan opuestos. Pero por otra parte, otro
de los ejes significativos para entender esta cuestión, es que ninguno
de los gobiernos aquí analizados ha determinado una política cultural.
Es interesante el planteo de A. Wortman, quien reconoce que durante
la gestión radical habían objetivos pero no planes o políticas planificadas:
"En todo caso, más que una política cultural radical se
propusieron diversas políticas en las distintas esferas del Estado" (A. Wortman, 1996: 81-2). Desde este punto de vista,
el San Martín seguía sus lineamientos internos con independencia
de las directivas municipales, ya que éstas últimas tampoco buscaban
intervenir en las decisiones asumidas por la conducción del Teatro.
En los últimos años del gobierno radical, a partir de 1987,
el San Martín también sufrió los recortes presupuestarios que aquejaron
a todo el municipio, producto de la crisis económica que ha acontecido
en el país(4). Como lo expresa Wortman (1996:79) "Si durante
los primeros años el discurso del gobierno radical estaba impregnado
de la palabra cultura, a partir de sucesivas crisis, ésta comienza
a ser desplazada hasta ser el discurso económico el eje constitutivo
de lo social. La crisis económica fue atrapando la cotidianeidad
de los argentinos." Esto se visualizó en la merma de los
presupuestos de la Municipalidad, y el Teatro San Martín no quedó
exento.
En 1989 ganó las elecciones el partido justicialista y asumió
la Presidencia de la Nación el Dr. Carlos Saúl Menem, quien ha sido
reelecto en 1995. Hasta 1996, año en que Buenos Aires se convirtió
en ciudad Autónoma -por lo tanto con facultades para elegir su propio
intendente-, se han sucedido tres gestiones en la M.C.B.A. nombradas
directamente por el Poder Ejecutivo Nacional: Carlos Grosso,1989-1992;
Saúl Bouer, 1992-1994; y Jorge Dominguez, 1994-1996
[1] .
En el Teatro también se renovaron las autoridades. Entre
1989 y 1996 asumieron la Dirección General: Emilio Alfaro, 1989-1990;
Eduardo Rovner, 1990-1994; y Juan Carlos Gené, 1994-1996. Estas
designaciones, sin embargo, no coinciden con los cambios producidos
en la M.C.B.A.
Siguiendo los paradigmas de acción cultural según los estilos
de acción política y económica que propone García Canclini, A.
Wortman ubica al gobierno justicialista en la 'privatización neoconservdora'.(5)
Resumiendo. En la dictadura militar, como dijo un funcionario,
"operaba la política de la no política". Es decir, como
ya explicitamos, todos los estamentos de la sociedad civil fueron
desvastados e imperó la violencia y el terror de estado como forma
de legitimación de un modelo económico que derrumbó pilares básicos
de la sociedad argentina. El caso de que la Secretaría de Cultura
municipal estuviera a cargo de un civil, quien 'otorgaba' ciertas
libertadas en el desarrollo y acción cultural, se debió más a una
estrategia política que a una cuestión de azar. El San Martín, en
los años de dictadura, contaba con una difusión en los medios hasta
el momento inédita, no sólo a nivel nacional sino también en el
resto del mundo. Decimos entonces que el Teatro San Martín representó
una vidriera, una ventana que mostraba que acá 'no pasaba nada',
o sea, se construyó un perfil que no coincidía con la situación
política crítica que atravesaba el país.
En los posteriores gobiernos democráticos (el radical '83-89';
y el justicialista '89 en adelante) tampoco hallamos vestigios certeros
acerca de la construcción de políticas culturales. Si bien es cierto
que durante la gestión de O'Donnell ('83- 87'), 'Cultura' fue el
leiv motiv de la política radical, no se trabajó sobre todos
los puntos posibles de la acción cultural de la ciudad, sino sólo
a partir de algunos ejes. En tal sentido, se creó el 'Programa
Cultural en Barrios' que fue la apuesta política del Secretario
de Cultura. Sin embargo, muchos organismos culturales siguieron
desarrollándose con su lógica interna, creando su propia política,
sin intervención de los lineamientos establecidos por la administración
central.
En síntesis, en el período analizado observamos la
autonomía política de esta institución oficial en relación a la
política de gobierno. Esta cuestión implica la necesidad de registrar
como opera la lógica interna en las organizaciones culturales y
su relación con la Administración central. Como hemos observado
la relación entre estos niveles institucionales, es compleja y los
lineamientos políticos, al no regirse en base a marcos que contengan
objetivos, programas y políticas, dan espacio a disputas internas
que se vinculan más a ocupar lugares de poder que ha ofrecer alternativas
de desarrollo para el sector que les corresponde.
Veremos a continuación, que la M.C.B.A. ha interceptado
en el punto más débil de las políticas culturales: el presupuesto
asignado.
- La intervención del Estado en la actualidad
Durante la década de los '80 se instaló en el campo
intelectual el debate sobre políticas culturales en las transiciones
a la democracia, cuyo principal objetivo ha sido investigar el rol
del Estado en la intervención cultural (A. Wortman, 1996: 65). En
tal sentido muchos autores, nucleados principalmente por instituciones
como FLACSO y CLACSO, han reflexionado sobre el papel de la cultura
en países de América Latina.
Según García Canclini (1987: 39), la crisis económica
internacional y las dificultades internas de los gobiernos democráticos
en los años '70, incrementaron el derrumbamiento de los programas
desarrollistas y socializantes en América Latina. Para enfrentar
la crisis, las corrientes neoconservadoras reorganizaron el modelo
de acumulación, eliminando las áreas ineficientes del capital, buscando
una recuperación de la tasa de ganancia mediante la concentración
monopólica de la producción y su adecuación al capital financiero
transnacional. Los costos sociales de este modelo, que en una primera
etapa fue ejercido por gobiernos autoritarios, pero que en la actualidad
lo implementan sistemas democráticos, son múltiples y afectan a
las grandes conquistas laborales del siglo. Son reestructurados
los procesos de trabajo, se reduce el personal, se reducen los salarios
en relación con el costo de vida. Simultáneamente a este proceso
se restringe el gasto público en servicios sociales; entre ellos,
el financiamiento de programas educativos y culturales, y las inversiones
para investigación científica; y se ceden espacios tradicionalmente
administrados por el gobierno a empresas. La iniciativa privada
compite con el Estado con el propósito de sustituirlo como productor
de hegemonía (García Canclini, 1978: 42). En este contexto se reduce
la inversión de las acciones no rentables, y la política cultural
se concentra a grandes espectáculos de interés masivo. Los organismos
culturales estatales, como en nuestro caso el T.M.G.S.M., sufren
la merma en el presupuesto, limitando su capacidad de acción y ocasionando,
en todo sentido, el deterioro de las políticas.
Las consecuencias inmediatas de este tipo de acción
sobre el sector cultural afecta, por un lado a la comunidad en general
ya que el recorte presupuestario implica reducción de oferta en
servicios y bienes culturales. Esto trae aparejado una serie de
problemas al desarrollo comunitario que aquí no explicitaremos.
Por otro lado, afecta directamente sobre los productores
estéticos y por ende, a la reproducción del capital cultural. Esto
en tres sentidos:
a. Las organizaciones culturales estatales tienen una 'valoración
positiva' para los productores estéticos en tanto posibilitan cierto
tipo de repertorio. Los agentes consideran que la producción privada
no invierte en este tipo de espectáculos por su costo de producción,
por lo tanto estas obras deben 'estar garantizadas en un teatro
oficial', es decir, un tipo de repertorio ecléctico que les permite
indagar temáticas, géneros y estilos que sólo son expuestos en
teatros oficiales, ya que no son obras que exponga el teatro comercial.
La reducción del presupuesto afecta directamente la programación
del los Teatros oficiales y en este sentido, se pierde u obstaculiza
uno de los objetivos de su existencia: incentivar la producción
teatral de aquellas obras que por su costo económico o por que a
ellas no "accede el gran público", no se ofrecen el la esfera privada.
b. Las condiciones de producción que ofrecen los teatros oficiales
a la tarea del actor, son óptimas en relación a la esfera privada.
Es decir, por ejemplo, los teatros San Martín y Colón cuentan con
equipos técnicos y talleres que asisten desde el escenario hasta
el último detalle del actor. Estas condiciones son ideales para
el trabajo artístico de los productores estéticos , ya que a diferencia
del teatro comercial o independiente, el actor sólo debe "ocuparse
de actuar"(6). Por esto, para los productores estéticos, los teatros
oficiales son considerados "lugares de privilegio", para la creación
artística. En este sentido, la merma del presupuesto trae aparejada
falta de insumos necesarios para las puestas y condiciones laborales
conflictivas.
c. Por ultimo, los teatros oficiales tienen una "valoración positiva"
por los actores en tanto, la relación contractual que establecen
con la Administración (municipio o nación) es generalmente de seis
meses con "cachets"(7) , importantes. Además, a diferencia del Teatro
comercial o independiente, donde el actor depende de la venta de
las entradas para seguir su continuidad laboral, en el Teatro oficial
el contrato no se interrumpe. Esta cuestión implica que el equipo
artístico solo deba dedicarse a la obra y su creación, no estar
pendiente a factores externos que operan contra el objetivo del
grupo: la producción teatral.
Estas tres condiciones que ofrecen los teatros oficiales,
implican para el productor estético una condición fundamental,
no sólo para su propia reproducción, sino también para la reproducción
del campo teatral en general. La posibilidad de contar con un salario
que no varíe por circunstancias externas (como ser el bordereaux
(8)) otorga a los actores la posibilidad de indagar sólo en el lenguaje
teatral y creativo sumando todos los esfuerzos en el objetivo común:
la constitución de la puesta.
Es aquí donde debemos registrar la importancia y necesidad
de políticas culturales que atiendan a las necesidades laborales
de los productores estéticos. Hoy en día encontramos serios problemas
administrativos y presupuestarios que afectan al campo cultural
en distintos aspectos. Uno de ello, que ha cobrado relevancia en
estos días, fue el cambio de relación contractual entre los artistas
y trabajadores de teatros municipales, con el Gobierno de la Ciudad,
exigiendo este último contratos por "locación de servicios" a cambio
de las antiguas contrataciones en relación de dependencia. Esta
nueva modalidad, que ha sido fuertemente discutida por los gremios,
indica la desproteccion asistencial de los "artistas" por parte
del Estado, en cuanto a la salud (obra social, licencia por enfermedad
y embarazo, etc.) y a lo previsional.
No entraremos a discutir este problema que en sí mismo
necesita de una elaboración empírica y teórica. Lo que nos interesa
subrayar es el lugar del empleo como modo de inclusión social y
productiva. De acuerdo con Bustelo E. y Minujin, A (1997; 10), "[...],
uno de los elementos claves -tal vez el central- para garantizar
una adecuada inclusión social y productiva, lo constituye la posesión
de un empleo de "calidad"; un trabajo que garantice, con un considerable
margen de estabilidad, para su poseedor y familia, el acceso a los
bienes y servicios básicos y a los constituyentes de identidad compatibles
con una ciudadanía plena. Empleo de calidad no necesariamente implica
un trabajo asalariado con contrato permanente, sueldo medio o alto
y cobertura legal y social; denota en muchos casos una amplia gama
de trabajos no asalariados que responden a las aceleradas transformaciones
tecnológicas y de producción que se observan en la actualidad.
En este sentido, los productores estéticos, viven en una zona constante
de vulnerabilidad.
La política cultural debe estar dirigida a dos sectores:
a la comunidad, garantizando una inclusión social, y a los trabajadores
de la cultura, permitiéndoles una inclusión económico-social. Para
ello debemos como dice (XX), las políticas culturales deben operar
según el modelo de ciudadanía emancipada , en el cual " el rol
de las personas no es de meros espectadores sino el de participantes,
habilitados para construir (Ibidem; 22).
En tal sentido, como bien expone Garnier (1996;228)
al hablar de políticas sociales, en este caso es también necesario
definir claramente la responsabilidad política y cuales son los
rectores de la política cultural sus distintos campos. Además,
deben establecerse las responsabilidades en la ejecución de la política
cultural, o sea en su gestión.
Por ultimo, es necesario consolidar una visión unitaria
e integral de la política cultural en su conjunto y en consecuencia
establecer las prioridades entre los distintos sectores que integran
el área cultural y al interior de cada sector. (Ibidem, 230). Coincidiendo,
con el planteo, consideramos que el rol del Estado implica la definición
de las políticas, su supervisión y la evaluación de sus resultados.
-Conclusiones
Al tomar las Políticas Culturales en el marco institucional
que ha representado la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
hemos encontrado que no existen lineamientos explícitos que den
cuenta de la política que se asume para el sector. O sea, no evidenciamos
proyectos concretos que definan los objetivos generales que persiguen
para sus organismos dependientes.
Sin embargo, la M.C.B.A. operó en uno de los niveles
más decisivos para la construcción de una política: el presupuesto
asignado. En consecuencia, si bien nunca se han establecido criterios
formales de acción, la política cultural de este teatro oficial
ha estado supeditada a la merma, cada año mayor, de la partida presupuestaria.
La discusión deberíamos efectuarla en llevar adelante
proyectos culturales lo más democráticos que fuesen posibles. La
forma de conducción que ha operado en el sector cultural estatal
hacen que el accionar político sea improvisado, sin objetivos específicos
para el área. Lo que parecen no percibir los encargados de llevar
adelante las políticas culturales oficiales como así también los
agentes del campo teatral es que lo que está en juego en el campo,
sea la propia reproducción del capital teatral, que nos afecta directa
o indirectamente a todos los ciudadanos.
En tal contexto no tienen alcance políticas estructurales
que permitan el desarrollo de la actividad cultural, independientemente
de los cambios arbitrarios que proponen los distintos funcionarios
políticos que operan en la M.C.B.A. Esta sería una iniciativa a
largo plazo, ya que se necesita de la investigación que abarque
a todos los sectores, tanto a los beneficiarios de este servicio,
o sea a quien está dirigido, cuáles son las demandas concretas
de la población; como a los agentes del campo que requieren de criterios
claros y transparentes que le permitan la continuidad laboral y
el crecimiento profesional.
(1) Pallini, Verónica, "Un enfoque antropológico sobre políticas
culturales: El Teatro Municipal General San Martín", tesis de licenciatura
en Ciencias antropológicas, Universidad de Buenos Aires, Facultad
de Filosofía y Letras, junio, 1997
(2) Sigla correspondiente a Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires. Vale aclarar que desde 1996, fecha que coincide con la nueva
autonomía política y administrativa de Buenos Aires, la M.C.B.A.
pasó a denominarse "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires".
(3) Si bien el concepto de 'cultura'
fue muy profundizado en la disciplina antropológica cuesta pensarlo
en un sentido tal vez más restringido y al que estamos expuestos
aquí, por tratarse en este estudio de un sector del mundo del 'arte'.
Esto nos induce a replantear la analogía que opera en el sentido
común: Cultura=Arte, en el modo elitista de ambos términos, y donde
se concibe a la 'cultura' como un rasgo distintivo de cierto sector
social. En tal sentido nos parece oportuna la definición que propone
G. Canclini (1987: 25) quien define a la cultura como "el
conjunto de procesos donde se elabora la significación de las estructuras
sociales, se la reproduce y transforma mediante operaciones simbólicas,
es posible verla como parte de la socialización de las clases y
los grupos en la formación de las concepciones políticas y en el
estilo que la sociedad adopta en diferentes líneas de desarrollo."
(4) En el año 1987 comienza el período de derrumbamiento del gobierno
radical. Los factores que más han contribuido a esta situación fueron:
desde el punto de vista económico, un alto índice inflacionario,
que ha llegado en ocasiones a un 40 % diario y devaluación de la
moneda; sumado a esto, la leyes de Obediencia y Punto Final, y
la rebelión de los militares carapintadas en Semana Santa fueron
las causas políticas que profundizaron el descreimiento de la sociedad
argentina a este gobierno.
(5) Para un análisis detallado de las características de cada
una de estas gestiones en relación a las políticas culturales del
municipio, véase: Rabossi, 1997.
(6) Este punto marca una diferencia importante entre la producción
estatal y la privada o independiente. Mientras en la primera, como
explicitamos, el equipo artístico cuenta con todo lo necesario para
la "puesta en escena", en las dos últimas modalidades la mayoría
de las veces, ellos deben ocuparse de la asistencia técnica (vestuario,
.escenografía, prensa, etc.).
(7) Nos referimos a los sueldos de los 'artistas'. La denominación
se vincula a la manera diferencial en que cada uno evalúa su contrato.
No todos los actores, por ej., cuentan para el mismo 'papel' con
un sueldo igualitario. Las contrataciones se discuten entre el contratista
y el representante del actor o él mismo. Esta evaluación del 'cachet'
depende entre otras cosas del tipo de trayectoria profesional, cartel
comercial, etc.
(8) "El término 'Bordereaux' designa tanto a las planillas
en que se detallan por función cada tipo de entrada y precio, cantidades
vendidas , total recaudado, y descuentos correspondientes por derechos
de autor (ARGENTORES y SADAIC), como a la recaudación resultante"
(Rubens Bayardo, 1990: 13).
En tal sentido, tanto en el teatro independiente como en el comercial
los productores estéticos cobran de acuerdo al porcentaje de venta
de localidades
-Bibliografía
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